En un contexto de profunda modernización del marco legal chileno, expertos de Argentina y Chile analizaron los retos de la nueva Ley 21.719, las exigencias del estándar europeo y cómo la circulación transfronteriza de la información está redefiniendo las relaciones comerciales e institucionales en Latinoamérica.
La transformación digital ya no respeta fronteras físicas. Lo que antes se medía en kilómetros de carreteras y túneles, hoy se calcula en terabytes de información fluyendo entre servidores. Para analizar este cambio de paradigma, la Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos Personales (AGPD Chile) y APDADOS Argentina, organizaron el encuentro binacional «La realidad de los datos personales en la región: Los casos de Argentina y Chile».
Moderado por Cynthia Gajardo, abogada y miembro de AGPD, el panel reunió a destacados especialistas para diseccionar los alcances del Convenio 108+, la experiencia argentina como país pionero en la región y el inminente desafío para el ecosistema corporativo chileno.
Uno de los ejes centrales del debate fue la eventual adhesión de Chile al Convenio 108+, el tratado multilateral más importante a nivel global en materia de privacidad, que hoy suma 34 de las 38 ratificaciones necesarias para su plena vigencia.
Luis Alberto Serrano, abogado especialista en derecho internacional y miembro fundador de AGPD, fue categórico respecto a las implicancias jurídicas para el Estado chileno, advirtiendo que este tratado no permite reservas: un país no puede elegir qué partes cumplir y cuáles no.
Frente a esta disyuntiva, Eugenio Díaz, Ingeniero y Gerente de Sistemas del Grupo Palmero (Argentina), delineó la hoja de ruta indispensable: «La adhesión al Convenio 108 debería ser la consecuencia de un proceso de preparación y no el punto de partida. Una buena ley por sí sola no garantiza una protección efectiva; es fundamental contar con una autoridad de protección de datos independiente, con recursos y capacidad técnica».
Argentina corre con ventaja en la región: fue el primer país latinoamericano en adherir al Convenio 108 original y cuenta tempranamente con la categoría de «puerto seguro» por parte de la Unión Europea. Sin embargo, los desafíos tecnológicos actuales obligan a una actualización constante.
Daniela Boniface, Senior Manager of Digital Solutions en COA Tecnología, advirtió que la irrupción de la biometría y la inteligencia artificial dejó insuficiente la legislación pionera de su país. “Los cambios no se logran de un día para otro. Lleva tiempo, esfuerzo y mucho entrenamiento. Exigirá que las empresas empiecen a cumplir nuevas obligaciones, como informar proactivamente ante un ciberataque”, señaló.
Por su parte, Facundo Malaureille Peltzer, cofundador de DGL y APDADOS Argentina, aportó una mirada global sobre el fenómeno regulatorio: «El 86% de la población mundial hoy por hoy está bajo leyes de protección de datos personales. Es un movimiento silencioso hacia los datos personales. La región entera comenzó a teñirse de privacidad; no hay que esperar a que el convenio esté plenamente vigente para empezar a trabajar en un programa de compliance hoy».
Con más de 5.150 kilómetros de frontera compartida, la relación entre Chile y Argentina históricamente se pensó desde la infraestructura física. Hoy, ese modelo caducó.
Romina Iglesia, fundadora de Clean Data y ex diplomática argentina en Chile, explicó cómo la economía digital transformó el flujo de información en un «activo estratégico para el desarrollo económico y la cooperación binacional». Iglesia recalcó que el principal desafío ya no es solo modernizar la normativa interna, sino «consolidar la institucionalidad de las autoridades, establecer garantías adecuadas para la transferencia internacional y promover una cultura regional de protección de datos».
Con la entrada en vigencia de la Ley 21.719 proyectada para fin de año, la preocupación por la carga regulatoria hacia las pequeñas y medianas empresas se tomó el debate. ¿Es posible aplicar el mismo estándar europeo a una Pyme local?
Katherine Barcia, directora de ARREDIA y CEO de Privacy by Design, aportó la cuota de pragmatismo local, recordando la historia legislativa del país: «Como buenos jaguares de Latinoamérica, fuimos pioneros en 1999, pero nos quedamos dormidos y el tiempo pasó. Ahora quisimos cumplir, pero sobre todo permitir la habilitación de negocios que requieren tratamiento de datos».
Barcia fue enfática en calmar las aguas respecto al impacto en el empresariado menor, recordando que la legislación chilena contempla un régimen diferenciado para las Pymes. «No podemos dejar que transiten solas este camino. Hay recursos prácticos que no requieren una inversión gigantesca y que se pueden ir transmitiendo para generar concientización», concluyó.
El encuentro no solo sirvió para el análisis normativo, sino también para consolidar los lazos institucionales en el continente. Durante su intervención, Marcelo Drago, Presidente de AGPD Chile, destacó el origen de esta iniciativa conjunta, gestada tras la firma de un convenio de colaboración con APDADOS durante un evento en São Paulo.
«Esta actividad es fruto de ese convenio y estamos muy felices de que sea así», celebró Drago, subrayando la importancia de empujar esta colaboración bilateral y mantener abiertos los espacios de conversación permanente con los colegas argentinos y de la región.
El evento finalizó reforzando esta alianza estratégica entre ambas asociaciones profesionales independientes, destacando que el fortalecimiento del ejercicio profesional —un pilar clave para AGPD— es el primer paso indispensable para que las normativas dejen de ser letra muerta y se conviertan en un estándar real de respeto y competitividad en Latinoamérica.
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